Son conductas relacionadas con fraudes, estafas, apropiaciones indebidas, administración desleal, insolvencias punibles o irregularidades financieras.
Sirve para analizar operaciones, cuentas y documentación económica, aportando conclusiones técnicas que pueden utilizarse como prueba en un procedimiento judicial.
Pueden solicitarla empresas, particulares, abogados o administradores que necesiten acreditar o defender una situación económica ante un proceso legal.
Sí. El perito judicial economista puede acudir al juzgado para explicar y defender técnicamente las conclusiones del informe.